IA en el sector público: obligaciones de las administraciones según el Reglamento de IA

Para quién

Para administraciones del Estado, autonómicas y locales, organismos públicos y entidades que prestan servicios públicos, y para las empresas que les venden IA.

Requisitos previos

• Inventario de los sistemas de IA que usa la administración en sus procedimientos y servicios.
• Saber qué sistemas toman o apoyan decisiones sobre la ciudadanía.

Qué dice la norma

Los sistemas del anexo III, punto 2 (infraestructuras críticas) quedan fuera del registro y de la evaluación de impacto. Para la migración, el asilo, el control fronterizo y la garantía del cumplimiento del Derecho, el registro se hace en una sección segura no pública de la base de datos (art. 49, apdo. 4).

Usos públicos de alto riesgo: acceso a prestaciones y servicios públicos esenciales (anexo III, punto 5, letra a)), garantía del cumplimiento del Derecho (punto 6), migración, asilo y fronteras (punto 7) y administración de justicia y procesos democráticos (punto 8). Ver la ficha del art. 6 y el anexo III.

Desde cuándo: 2 de diciembre de 2027 para el anexo III (art. 113, tras el Ómnibus); 2 de agosto de 2030 para los sistemas ya en uso por autoridades públicas.

Qué ya aplica en España

La Ley 15/2022, de igualdad de trato, en su art. 23 pide a las administraciones favorecer mecanismos para que los algoritmos de decisión tengan en cuenta la minimización de sesgos, la transparencia y la rendición de cuentas, con evaluaciones de impacto sobre el posible sesgo discriminatorio, y priorizar la capacidad de interpretación de las decisiones. Ver sesgos en la IA.

El proyecto de ley de gobernanza de la IA, caducado el 6 de octubre de 2026, preveía además un inventario de sistemas de IA en procedimientos administrativos y un delegado de IA en el sector público estatal, a desarrollar por real decreto. No está vigente. Detalle en el análisis de la ley española y en la normativa española vigente, que incluye leyes autonómicas como la de Galicia.

Pasos

1. Inventaría los sistemas de IA

Todos, no solo los de alto riesgo: la propia Administración los recoge en procedimientos. El inventario es la base de todo lo demás.

• Entregable: registro de sistemas con unidad responsable y finalidad.

2. Clasifica el riesgo

Identifica los del anexo III: prestaciones, justicia, fronteras, empleo público y educación.

• Entregable: mapa de sistemas de alto riesgo.

3. Prepara el registro y la evaluación de impacto

Para cada sistema de alto riesgo, planifica el registro en la base de datos de la UE y la evaluación del art. 27, apoyada en la de protección de datos.

• Entregable: plan de registro y evaluaciones.

4. Exige al proveedor lo necesario en la contratación

Instrucciones de uso, información del art. 13, registro del sistema en la base de datos de la UE y apoyo para la supervisión humana. Sin registro, no se puede usar (art. 26.8).

• Entregable: requisitos en pliegos y contratos.

5. Designa la supervisión humana

Personal con competencia, formación y autoridad para corregir o anular el resultado. Ver supervisión humana.

• Entregable: procedimiento de supervisión por sistema.

6. Planifica el plazo de 2030

Para los sistemas ya en uso, fija un calendario de adaptación y prioriza los que afectan más a las personas.

• Entregable: hoja de ruta hasta el 2 de agosto de 2030.

Checklist

• Inventario de sistemas de IA de la administración.
• Sistemas del anexo III identificados.
• Registro en la base de datos de la UE previsto para cada uno.
• Evaluación de impacto del art. 27 planificada.
• Requisitos del Reglamento incluidos en la contratación.
• Supervisión humana designada.
• Hoja de ruta para los sistemas ya en uso hasta 2030.

Errores frecuentes

• Dejar que el proveedor decida si registrar el sistema. La administración no puede usar un sistema de alto riesgo no registrado.
• Confundir el plazo de 2030 con una exención: solo aplica a sistemas ya en el mercado, y deben cumplirse todas las obligaciones al final.
• No documentar la evaluación de sesgos, que ya recomienda el art. 23 de la Ley 15/2022.